Hacia una ley de libertad religiosa

Hace falta menos ideología y más sabiduría, un esfuerzo de diálogo y la búsqueda de un consenso que tome en cuenta los derechos y los reclamos legítimos de todos, propone Juan Navarro Floria, presidente del CALIR, Consejo Argentino para la Libertad Religiosa.

Otra vez el Congreso tiene en consideración un proyecto de ley “de libertad religiosa”. Digo “otra vez” porque ya en 1992, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley elaborado en la Secretaría de Culto conducida por Ángel Centeno, en cuya elaboración hubo amplísima participación de dirigentes religiosos y otras personas. Me consta, porque me tocó coordinar ese trabajo y redactar el proyecto.
En los años siguientes se sucedieron varios proyectos parecidos, presentados por distintos legisladores, pero ninguno alcanzó a ser aprobado. En 2001, un Consejo Asesor que convocó el entonces Secretario de Culto (Norberto Padilla), elaboró otro, sobre la base de los anteriores, que no llegó al Congreso. Ese último proyecto fue hecho suyo por el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR), que actualmente me toca presidir, y puede ser consultado junto con otros materiales vinculados en su sitio web .
Durante la gestión del actual Secretario de Culto, iniciada en 2003, varias veces se anunció el envío de algún proyecto en la materia (y se consultó a los interesados), sin que nada se concretarse. Ahora, un grupo de diputados de distintos partidos, encabezados por Cynthia Hotton (ella, de reconocida militancia evangélica), han presentado y promovido un proyecto que, nuevamente, reproduce en buena medida todos los anteriores, que reflejan lo que ya podría llamarse un consenso amplio al respecto.
¿Por qué hace falta una ley de esta naturaleza? Porque mientras la Iglesia Católica tiene una situación jurídica razonablemente bien resuelta en la Argentina, todas las demás confesiones religiosas carecen de un marco jurídico apropiado. Sigue vigente una ley (que además es técnicamente muy mala) del año 1979, hecha para controlar y limitar a los grupos religiosos. Después de eso, la Argentina aprobó una serie de tratados de derechos humanos, varios con jerarquía constitucional, que han puesto como eje en la relación del Estado con los grupos religiosos al derecho fundamental a la libertad religiosa.
Precisamente ese derecho, que es enunciado en los tratados internacionales, necesita ser ampliado y hecho operativo mediante leyes internas. Conviene crear mecanismos de protección, organismos respetuosos de la libertad religiosa para la relación del Estado con las comunidades de esa naturaleza, que no deben ser tratadas como clubes de fútbol, ni como asociaciones sospechosas y peligrosas, tal como hace la ley vigente.
Pero si la necesidad existe, ¿por qué tantos intentos fracasados? A mi modo de ver, porque los extremistas se hacen oir con más fuerza que las personas sensatas y moderadas. Me explico: en las oportunidades anteriores, sobre todo al principio, no faltaron voces de los grupos católicos (y hasta algún obispo) mas cerrados, poniendo el grito en el cielo por la afrenta para los “legítimos privilegios” de la Iglesia Católica, que significaría reconocer el derecho a la existencia y al funcionamiento libre de las demás confesiones religiosas (hoy sometidas al registro obligatorio y la fiscalización arbitraria por parte del Estado). Son las mismas voces de quienes no aceptan los caminos abiertos por el Concilio Vaticano II en dirección al ecumenismo, al diálogo interreligioso, y a la autonomía de las realidades temporales; y que probablemente tampoco se conmuevan por las apelaciones permanentes de la Santa Sede al respeto a la libertad religiosa.
Pero al mismo tiempo, no han faltado tampoco voces exaltadas sobre todo entre los grupos evangélicos, que convierten este tema (que encierra, al cabo, cuestiones técnico jurídicas) en una cruzada “contra” la Iglesia Católica, trayendo quejas justas o injustas acerca de su actuación desde el descubrimiento de América hasta el presente, y reclamando en aras de una deseada igualdad que le sean quitados a la Iglesia Católica cualquier derecho que haya obtenido en el pasado. Es decir, en lugar de igualar “hacia arriba” dando a las iglesias y comunidades minoritarias los derechos que sin duda merecen, igualar “hacia abajo”.
Este cruce de posturas extremas, carentes de comprensión hacia la historia, las necesidades del otro, y al cabo faltas de caridad, representa un juego de “suma cero”, donde todo queda igual, porque los legisladores no están dispuestos a quedar atrapados en peleas de esa naturaleza. Lo que hace falta en cambio, es menos ideología y más sabiduría, un esfuerzo de diálogo y la búsqueda de un consenso que tome en cuenta los derechos y los reclamos legítimos de todos, a partir de la convicción de que la religión no es (como algunos creen) una mochila pesada para la sociedad, sino uno de los componentes más valiosos en la construcción de una Patria común.